Máximo tribunal de inmigración de EE.UU rechaza otorgar residencia a cubanos con documento I-220A

El maximo tribunal de inmigración de Estados Unidos rechazó este lunes la posibilidad de otorgar estatus legal a miles de inmigrantes cubanos que entraron de manera irregular al país y recibieron un permiso de libertad bajo supervisión, conocido como I-220A.

El fallo de cuatro páginas, dado a conocer por la Junta Superior de Apelaciones de Inmigración (BIA), respalda la decisión del gobierno estadounidense de no aceptar el I-220A como un documento oficial de admisión al país, por lo que las personas que fueron liberados bajo esta condición no serán elegibles para solicitar su residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano (CAA).

En esencia, el BIA ha dictaminado que el formulario I-220A no es un parole o documento de admisión en el país, y no es válido para solicitar una residencia en el país.

Marcha atrás a orden judicial

La decisión revierte el criterio de un juez de inmigración que  en agosto de 2022 concedió residencia al inmigrante cubano Olty Cabrera Fernández, llegado ilegalmente a Estados Unidos y procesado con un I-220A. La consideración del juez fue apelada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“La orden del juez de inmigración del 16 de agosto de 2022 queda desestimada y el expediente del solicitante se devuelve a un tribunal de inmigración para proceder de manera consistente y emitir una nueva decisión”, indicó el fallo del BIA, con sede en Falls Church, Virginia.

A partir de este veredicto ningún juez de inmigración podrá ajustar el estatus legal a cubanos que recibieron un I-220A al entrar a Estados Unidos.

Opinión del abogado Mark Prada, quien encabezó la demanda federal sobre el I-220A.

El BIA, radicado en  Falls Church, Virginia, determinó que los inmigrantes en posesión de I-220A deberán buscar otra estrategia legal para permanecer en Estados Unidos y evitar ser puestos en proceso de deportación.

La decisión es un severo golpe a miles de inmigrantes cubanos aguardaban por una decisión del BIA para ajustar su estatus como residentes bajo la protección de CAA. Se calcula que más de 200 mil nacionales cubanos que llegaron por puntos fronterizos tras la la eliminación de la política de pies secos/pies mojados, en enero de 2017, podrían verse afectados por el fallo administrativo.

El camino del asilo político

Por el momento los cubanos en posesión de I-220A deberán proseguir con sus casos de asilo en los tribunales de inmigración en busca de una legalización de su estatus.

Expertos y abogados de inmigración consideran que las personas afectadas con el fallo no deben alarmarse con el temor de deportación.

“Este es un llamado a que la batalla no ha terminado y que el camino es continuar y reforzar sus peticiones de asilo”, advirtió la abogada Laura Jiménez, quien representa a varios clientes con posesión de I-220A.

Jiménez cree que hay varias estrategias posibles de reclamación y que las personas con I-220A  no deben pensar en que van a ser deportados.

Abogados de Miami involucrados en la demanda que dio pie a la escalada del caso hasta el BIA, están valorando llevar el caso ante un tribunal federal de apelaciones.

“No es el final de la pelea, es solo una batalla”, dijo a CaféFuerte el abogado Willy Allen. “Puede continuar en la corte de apelaciones, ya que existen muchos casos más pendientes de decisión”.

Acciones posibles

Allen consideró que también pudiera elevarse el caso al Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito, en Atlanta, en cuya jurisdicción cae el distrito del Sur de Florida.

La apelación se centraría en la demanda entablada en septiembre de 2021 contra el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, y la Oficina de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) para consideren que el permiso de libertad bajo supervisión  como un documento de admisión en el país.

“Al final la realidad es que las cortes de inmigración no pueden adjudicar los asilos políticos de más de 200,000 cubanos. Eventualmente se tendrá que hallar una solución a través de las cortes o por vía administrativa. No debemos dejar que se imponga el pánico… El proceso continúa”, argumentó Allen.

La estrategia legal puede apuntar a una demanda colectiva para clarificar el alcance de la decisión emitida por BIA, lo que abriría un nuevo capítulo en el litigio.