Cárcel para residente en EEUU por negocio de tarjetas satelitales
Por REDACCIÓN CAFÉFUERTE
Un ciudadano cubano residente en Estados Unidos fue sentenciado a dos años de cárcel en Cuba por enviar cientos de tarjetas satelitales a la isla.
El diario oficial Granma informó este viernes que el individuo, a quien se identifica solamente como “M. Orozco”, fue sancionado por el Tribunal Municipal de San Miguel del Padrón en febrero por el delito de actividades económicas ilícitas.
Orozco era instalador de la compañía Direct TV e introdujo en la isla un decodificador satelital y más de 800 tarjetas de acceso, entre el 2004 y el 2006.
Regulaciones establecidas por la Aduana Nacional de Cuba en el 2004 prohíben la entrada de esos artículos a la isla.
De acuerdo con la información oficial, Orozco recibía pedidos de tarjetas satelitales desde Cuba por correo electrónico, y las activaba desde Estados Unidos.
Las tarjetas llegaban a Cuba a través de viajeros que se encargan de llevar paquetes, conocidos “mulas” . Estos mensajeros recibían un pago de cinco dólares por cada una, y las entregaban a un familiar de Orozco, quien administraba el negocio en la isla.
Dinero para remesas
Por disposición de Orozco, el dinero era recogido por un familiar cercano y utilizado en remesas familiares dentro de la isla.
Otros individuos se dedicaban a la venta e intalación de las tarjetas, a cambio de 5 CUC por cada operación. Los vendedores ya fueron sancionados, indicó Granma, sin precisar la sanción que recibieron.
El Código Penal vigente en la isla establece condenadas máximas de tres años de carcel y multas de hasta 1,000 pesos, así como trabajo correccional por el delito de Actividades Económicas Ilícitas.
Los receptores de las antenas satelitales son sancionados con elevadas multas y decomisos de bienes empleados -que puede incluir la confiscación del televisor.
El gobierno cubano considera el uso de tarjetas satelitales de Estados Unidos como violatorio de su soberanía.
La información también mencionó los casos de tres ciudadanos cubanos -identificados como A.F Cuan, A. Correa y R. Talles- que fueron sancionados por el negocio de instalación y recarga de tarjetas satelitales, aunque no especificó qué condenas recibieron. Cuan vendía el dispositivo por entre 30 y 40 CUC, y cobraba 30 CUC por la recarga mensual.
Las autoridades cubanas realizan redadas sistemáticas para decomisar improvisadas antenas satelitales en los hogares, y detienen a los proveedores de tarjetas de acceso a servicios satelitales, antenas y otros accesorios.
Se calcula que el vigoroso mercado clandestino de televisión involucra a unos 50,000 usuarios en La Habana y zonas aledañas. Son personas que pagan cuotas entre los $10 y $15 dólares por el servicio satelital, pirateado a las señales que reciben sólo hoteles, centros turísticos, residentes extranjeros e instituciones autorizadas.
Itinerario de una batalla
20 de marzo del 2009: Granma informó del arresto y enjuiciamiento de varias personas por piratear señales televisivas en coordinación con residentes en los Estados Unidos. El Tribunal Provincial de La Habana condenó a los infractores a tres años de limitación de libertad y a trabajos correccionales.
28 de mayo del 2009: Se reportan al menos 150 decomisos de la Aduana en la primera mitad del 2009 de artículos destinados a la recepción de imágenes televisivas extranjeras. La persecución de las autoridades policiales también incluye las conexiones ilegales de internet por vía satelital, con la colaboración de intermediarios que envían equipos y facilitan el enlace desde el sur de la Florida.
27-30 de junio del 2007: Se realiza en todo el país el llamado Ejercicio Nacional de Vigilancia y Prevención Cederista, un operativo coordinado de fuerzas policiales, entidades estatales y comités de barrio para combatir supuestas ilegalidades y actos de corrupción. El objetivo de esta maniobra, que empezó en 1997, se volcó a coordinar acciones para desmantelar conexiones ilegales de televisión e internet, con la participación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y empresas estatales como ETECSA, el emporio de las telecomunicaciones en el país.
12 de mayo del 2007: Granma reporta el operativo policial contra dos casos conocidos como Aguilera y Miami II, relacionados con una docena de ciudadanos cubanos que se venían dedicando a adquirir tarjetas de recepción satelital DirecTV a través de amigos residentes en Estados Unidos. El negocio era vender las tarjetas dentro de Cuba a un precio que oscilaba entre 200 y 300 CUC. El negocio implicaba el uso de equipos de computación e internet para recargar las tarjetas a un costo entre 30 y 40 CUC.
2-5 de mayo del 2007: Se realizan operativos policiales en tres muinicipios habaneros. Las autoridades incautan gran cantidad de cable coaxial y neoprin, tres receptores, cinco antenas parabólicas 43 amplificadores, una computadora, cinco LNB, tres tarjetas y 157 “arañas” para multiplicar la señal. A los implicados en los hechos se le impusieron multas de entre 1,000 y 20,000 pesos.
9 de febrero del 2007: Se anuncia el comienzo de un proceso judicial contra cuatro ciudadanos cubanos acusados por la fabricación y reparación ilegal de antenas y equipos receptores de televisión por satélite. Los acusados deberán responder por el delito de actividad económica ilícita y podrían ser condenados a penas de hasta tres años de cárcel, así como a multas de 300 a 1,000 pesos cubanos.
Octubre del 2006: Ofensiva para impedir la proliferación de las señales clandestinas de televisión por satélite, principalmente en La Habana, mediante redadas en los barrios para localizar los centros de redistribución de la señal, desmantelar las redes de servicio, destruir las antenas y multar a los infractores.
10 de agosto del 2006: La prensa oficial lanzó fuertes advertencias contra el mercado negro de antenas parabólicas dentro de la isla. El periódico Granma insistió en que recibir señales de satélite sin autorización no sólo es violatorio de las leyes nacionales e internacionales, sino que ofrece un “terreno fértil para quienes pretenden destruir el espíritu de la revolución”.