Autoridades se niegan a exhumar el cadáver de adolescente asesinado
Por Roberto de Jesús Guerra Pérez
LA HABANA. Familiares de un estudiante asesinado en una escuela politécnica denunciaron el miércoles que las autoridades cubanas se niegan a exhumar el cadáver del joven para realizarle exámenes forenses.
Emilio Lázaro Pérez Valdés, un adolescente de 15 años, murió en extrañas circunstancias en la escuela tecnológica “Juan Manuel Castiñeira”, en el municipio Mariel, en junio del pasado año, y desde entonces sus familiares buscan una explicación sobre el trágico desenlace. El cuerpo del menor fue hallado flotando en un estanque cercano a la escuela, donde estaba becado.
Raúl Ramírez Puig y Odalys de la Caridad Valdés Suárez, padrastro y madre de la víctima, declararon a Hablemos Press que las autoridades se niegan a exhumar el cadáver.
“Varios funcionarios nos dieron a entender cínicamente en una entrevista realizada en Artemisa [el lunes 15 de agosto] que muerte del niño fue un accidente que él mismo se provocó”, dijo Ramírez Puig, quien reclama una investigación sobre la verdadera causa de muerte del estudiante.
El Ministerio del Interior no entregó el cuerpo a sus familiares. Tampoco lo dejaron reconocer, ni velar. Los motivos de esta acción no han sido esclarecidos hasta la fecha por las autoridades.
“Ellos [las autoridades] decidieron en esta reunión decirnos que la muerte del niño había sido un accidente y que el caso se cerraría, que no había porque exhumar el cadáver ni realizar exámenes forenses”, dijo Ramírez Puig.
El padrastro dijo que pareciera como si “la muerte de mi hijo la compararon con la pérdida de un medio básico de la escuela donde se encontraba becado”.
Cinismo de las autoridades
Según Ramírez Puig, en la reunión efectuada el lunes en la estación policial de Artemisa participaron siete funcionarios del Ministerio del Interior, vestidos de uniforme militar; el jefe de la Seguridad del Estado de la provincia Mayabeque, los jefes de territorio Artemisa y Mayabeque, un médico forense, especialistas de criminalística, la jefa de Educación del municipio Mariel y una fiscal de Artemisa.
“Estos funcionarios cínicos dijeron que ya ellos aplicaron medidas administrativas en la escuela, y a los oficiales que desaparecieron el cadáver del niño los cambiaron de puesto de trabajo, o sea, sanciones administrativas para todo el mundo”, relató Odalys de la Caridad.
El matrimonio asegura que las autoridades reconocen que “tenemos la razón”.
Sin embargo, argumentan que no se puede exhumar el cadáver porque el niño fue reconocido por sus profesores y no es necesario realizarle exámenes forenses supuestamente ya practicados.
“No es cierto, el certificado de defunción que nos dieron aparece en blanco”, afirmó la madre.
Tres semanas atrás, los padres del niño informaron a Hablemos Press que una enfermera amiga de la familia les avisó que oficiales de la Seguridad del Estado estuvieron presionando a médicos del policlínico local “Osvaldo Sánchez” para que le inventaran una historia clínica del menor asesinado, en la que se reflejaran enfermedades crónicas de su niñez.
La familia Ramírez-Valdés reside hace 22 años en el poblado Bizarrón, a unos siete kilómetros del municipio Güines, provincia Mayabeque, al sur de La Habana.
“La enfermera nos dijo que los médicos no pudieron hacer nada, pues mi hijo nunca fue un niño enfermizo y no tiene historia clínica”, aseguró Odalys de la Caridad.
La mujer encaró a los miembros del Ministerio del Interior sobre las supuesta presiones ejercidas para manipular lo sucedido.
“Les dije en sus caras que carecían de ética moral y vergüenza, que estuvieron presionando a los médicos para seguir jugando con el dolor de una familia desconsolada y guardaron silencio”, reiteró Odalys de la Caridad.
Ramírez Puig dijo que las autoridades “no han querido llevar a los culpable a los tribunales porque saben que hay involucrado hijos de militares.
“Estoy más que seguro que fueron ellos quienes lo asesinaron. Y si no se ha cometido ningún acto de violación con el niño o con nosotros, ¿por qué entonces no exhuman el cadáver y nos sacan de duda? ¿Qué esconden?”, se cuestionó el padrastro.
Silencio sepulcral de medios oficiales
Los medios estatales no han divulgado ni una palabra del caso.
“Actitudes como esta carecen de ética y humanidad”, dijo Ramírez Puig. “Parece que nosotros los cubanos no tenemos derechos sobre nuestros propios hijos, incluso ni siendo ya cadáveres”, añadió.
El pasado mes, la familia Ramírez Valdés solicitó asilo a la Oficina de Refugiados de los Estados Unidos en La Habana,argumentando ser víctima de represión por las autoridades policiales tras reclamar una investigación sobre la muerte del menor.
En opinión del activista disidente Rodolfo Ramírez Cardozo, “las autoridades tratan de ocultar cualquier evidencia que los incrimine o ponga en tela de juicio en estos casos”.
El disidente puso como ejemplo la reciente muerte del menor Angel Izquierdo por robar anoncillos en la barriada de Mantilla, en La Habana, quien falleció a consecuencia de un disparo de un militar retirado.
“Los forenses tuvieron el cinismo de decir que la causa de muerte fue una anemia”, apuntó el disidente en relación con el caso del joven Izquierdo, de 14 años, fallecido el pasado 15 de julio.
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