Parlamentarios piden sancionar a opositores que reciban dinero de EEUU.
En un paso dirigido a impedir el respaldo internacional a los opositores políticos en la isla, los parlamentarios cubanos propusieron penalizar con acciones legales a los ciudadanos que reciban ayuda monetaria desde Estados Unidos con el propósito de “subvertir el orden interno”.
La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) analizó el viernes el anuncio hecho las víspera por el senador John Kerry para liberar $20 millones de dólares destinados a la democratización de Cuba, una decisión que cayó en La Habana como un balde de agua helada.
Los miembros del grupo de trabajo parlamentario acordaron trasladar a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos una propuesta para reactivar las disposiciones contenidas en la Ley 88 -la llamada “ley mordaza”- y enfrentar resueltamente lo que consideraron “actos contra la soberanía nacional””.
Los diputados llamaron a aplicar la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, aprobada por el Parlamento en 1999, “bajo el supremo concepto de que nada que atente contra la soberanía nacional puede quedar impune, venga de donde venga”.
“Un ciudadano estadounidense iría a prisión si recibe dinero del gobierno cubano para cualquier fin, aunque sea humanitario, así lo estipulan las regulaciones federales de Estados Unidos”, se cuestionaron los parlamentarios cubanos. ¿Por qué admitir entonces que naturales cubanos adquieran sumas importantes aprobadas por el Congreso norteamericano, nada menos que para subvertir el orden interno en Cuba?
Agregaron que “esas acciones injerencistas no pueden quedar impunes” y requieren de “una respuesta de carácter legislativo”.
Al analizar la decisión del senador Kerry, quien mantuvo bloqueado el paquete de ayuda por largo tiempo, la Comisión dijo que su objetivo es “financiar a quienes sirven en el país a una potencia extranjera, tras las presiones de los agentes de la mafia de Miami”.
La Ley 88 fue el instrumento jurídico que empleó el gobierno para encausar y enviar a la cárcel con largas condenas a 75 opositores pacíficos en la primavera del 2003. Desde entonces la legislación operó como una suerte de estandarte para amedrentar al movimiento disidente.
L:a iniciativa de los parlamentarios marca un punto de viraje hacia posiciones radicales, luego de que el régimen de Raúl Castro liberara un centenar de presos políticos, entre ellos los de la Causa de los 75.
En la reunión se discutió también sobre el uso de la internet y los “desafíos” de su proliferación en Cuba.
Boris Moreno, viceministro de la Informática y las Comunicaciones, adviritó que que la expansión en la red pasa primero por la socialización en centros escolares, investigativos, hospitalarios, entre otros de la administración y los servicios.
Según Moreno, Cuba no tiene un enfrentamiento ideológico frente a internet, pero su incremento será a partir de “las disponibilidades de recursos con los cuales hoy no se cuenta”.
Las 12 comisiones permanentes del Parlamento sesionaron por dos días en el Palacio de las Convenciones de La Habana, donde sábado y domingo habrá reuniones plenarias previas al séptimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que se realizará el 1ro. de agosto.
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