Gobierno cubano reclama estatus legal para personas con I-220A y objeta “deportaciones masivas”
El vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío lanzó la preocupación durante la ronda de conversaciones migratorias entre Cuba y Estados Unidos, celebrada este 4 de diciembre en La Habana.
El gobierno cubano manifestó preocupación por los miles de sus nacionales que se encuentran en un limbo legal en Estados Unidos y advirtió “no es realista” pensar en deportaciones masivas hacia Cuba en virtud de los acuerdos establecidos entre ambos países.
“Cuba planteó preocupación por la cantidad de cubanos que están en Estados Unidos en un limbo legal, a quienes se le admitió la entrada al país norteamericano, pero no se les ha otorgado un estatus legal concreto. Para nosotros, ese es un tema importante”, dijo el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío al término de una ronda de conversaciones migratorias Cuba-Estados Unidos, celebrada este miércoles en La Habana.
Fernández de Cossío presidió la delegación cubana, mientras que la comitiva estadounidense estuvo encabezada por el subsecretario adjunto del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Eric Jacobstein.
Esta fue la última ronda de conversaciones migratorias durante la administración de Joe Biden, quien se encargó de reestablecerlas en 2022 con carácter semestral. Los encuentros se mantuvieron paralizados en el primer mandato de Donald Trump a tono con el endurecimiento de sanciones hacia Cuba, y es una incógnita cuál será el curso que podrían tomar con la administración entrante.
La mención de Cossío al terminar la sesión migratoria bilateral es una tácita pero clara referencia a los más de 400 mil cubanos que se encuentran en Estados Unidos desde 2021 con un documento de entrada I-220A, que es un permiso de libertad bajo supervisión, pero no se reconoce como un documento oficial de admisión en el país.
La batalla legal para que el I-220A sea reconocido como un parole ha llevado a múltiples manifestaciones y gestiones legales en los últimos dos años.
Las charlas, según la delegación cubana, transcurrieron en un diálogo “constructivo y franco”, aunque la escueta nota oficial de la parte estadounidense planteó su interés en “mejorar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba”.
Por su parte, la declaración cubana incluyó la permanencia de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo como un factor que ha potenciado la migración hacia Estados Unidos, pero no se refirió a los inmigrantes cubanos en limbo legal, como hizo Fernández de Cossío en el encuentro con la prensa.
Es la primera vez que funcionarios del MINREX hacen un reclamo para los inmigrantes cubanos en situación irregular en Estados Unidos, y resulta contradictorio porque se trata de los mismos compatriotas que han escapado por diversas vías huyendo del gobierno que ahora se plantea defenderlos, y que es el máximo responsable de las condiciones deplorables del país.
Hasta el momento, la inmensa mayoría de las personas con I-220A permanecen a la espera de una probable decisión administrativa para regularizar su estatus. Algunos casos aislados han recibido residencia permanente y otros han entrado en el proceso de asilo político. Pero el grueso de los implicados aspira a obtener estatus legal bajo la Ley de Ajuste Cubano (CAA), que es duramente fustigada por el régimen de La Habana como causante de la masiva emigración desde la isla.
Aunque los miles de cubanos con I-220A no están en proceso de deportación y cuentan con permiso de trabajo, no pueden viajar a Cuba, so pena de perder su condición de beneficiario con ese documento.
Junto a este novedoso reclamo, Fernández de Cossío habló una conferencia de prensa de otro asunto que va a ser un álgido escenario de fricción entre Washington y La Habana si Trump decide aplicar la política anunciada de deportaciones masivas a los inmigrantes cubanos.
Aunque el funcionario cubano aclaró que no fue un tema abordado en las conversaciones del miércoles, las deportaciones masivas pueden añadir otro motivo de tensión entre ambas partes.
“No es realista que vayan a haber deportaciones masivas de Estados Unidos hacia Cuba”, dijo el vicecanciller. “Nosotros hemos escuchado los planteamientos que algunos políticos de EE.UU han hecho sobre el tema, y es importante recordar que existen acuerdos migratorios entre Cuba y EE.UU y cualquier tema de esta característica, incluyendo las deportaciones que puedan haber, tienen que hacerse en el marco de lo que establecen los acuerdos”.
Los acuerdos de deportación entre Cuba y Estados Unidos se establecieron en 1984 y se reajustaron en enero de 2021, con la cancelación de la orden administrativa de pies secos/pies mojados y la aceptación del gobierno cubano de aceptar a personas inelegibles tras estudiar “caso por caso”.
Amparado en esos acuerdos, Trump estableció un récord histórico de deportación de cubanos, con 3,385. Las devoluciones fueron mayormente de inmigrantes de reciente ingreso por las fronteras y con orden final deportación.
Pero las deportaciones deben ser aprobadas por el gobierno cubano “caso por caso”, lo que ralentiza el proceso y explica las razones de que los vuelos reanudados por el ICE en abril de 2023, a razón de uno mensual, hayan podido retornar a Cuba solo 936 personas.
El propio Fernández de Cossío había expresado a comienzos de este año que Cuba estaba dispuesta a aumentar la frecuencia a dos vuelos mensuales con deportables, pero esa opción nunca se concretó.
“Pretender deportar a Cuba a decenas o cientos de miles de cubanos sería desarraigar a personas que han hecho ya su vida en Estados Unidos, trabajan allí, muchos tienen familias allí”, puntualizó Fernández de Cossío.
En ese extenso grupo al que se refiere el vicecanciller figuran unos 42 mil cubanos inelegibles para obtener residencia en Estados Unidos por haber sido convictos de delitos graves y cumplir por ello largas condenas de cárcel. Son personas que permanecen con una orden final de deportación, que realizan una vida limitada en el país y que Cuba no está dispuesta a aceptarlos.
En las conversaciones, la parte cubana hizo también reclamos para procesar los visados de negocios y visitas familiares (B1 y B2) en la embajada estadounidense en La Habana. Desde agosto, la sede diplomática procesa otros siete tipos de categorías de visas de no inmigrante.
“Hemos argumentado que este es un factor que estimula a que muchas personas quieran emigrar para obtener la residencia y viajar entre los dos países, algo que no sería necesario si existieran visas múltiples y si se procesaran desde La Habana a los ciudadanos que van de visita”, explicó Fernández de Cossío.
También se quejó por los maltratos y el “tratamiento agresivo” que desde hace unos meses viene ocurriendo en aeropuertos estadounidenses contra cubanos que residen en Cuba, cubanos que residen en Estados Unidos o en terceros países cuando viajan a Estados Unidos.
No hubo mención, sin embargo, a las situaciones desagradables y las quejas que provienen de viajeros cubanos residentes en el exterior cuando visitan la isla, ni los casos de nacionales que son impedidos de entrar a su país de origen.
En las conversaciones, “Cuba reiteró la disposición a cumplir con los compromisos que ha asumido y reclama por parte de Estados Unidos un compromiso similar en el cumplimiento de los acuerdos”, dijo el funcionario.
“Son acuerdos integrales, que se cumplen sobre la base de la reciprocidad. Por tanto, nosotros en materia migratoria actuaremos en reciprocidad y consecuente con la manera en que la parte estadounidense cumpla con los compromisos que ha asumido”, aseveró Fernández de Cossío.
Estados Unidos asistió a la reunión con el compromiso cumplido de más de 25 mil visas de inmigrante otorgadas en el recién concluido año fiscal 2024, además de haber permitido otra ruta migratoria como el parole humanitario, con 110,240 cubanos aceptados en territorio estadounidense desde enero de 2023.
A pesar de que Washington ha favorecido vías para una migración ordenada y segura desde la isla, el éxodo cubano ha mantenido un ritmo imparable. Cuba figuró entre los únicos tres países que elevaron la cantidad de inmigrantes irregulares hacia Estados Unidos en el FY2024, que concluyó el pasado septiembre, con 217,615 arribos por fronteras, un incremento del 8% con relación al año anterior.
Respecto al flujo imparable de cubanos hacia Estados Unidos, Fernández de Cossío estrenó en la reunión la teoría de “la atracción y el empuje”.
Según él, los cubanos que buscan salir del país a cualquier precio “lo hacen movidos por dos causas fundamentales: el trato privilegiado que siempre le ha otorgado Estados Unidos a cualquier cubano que pretenda entrar a ese país por cualquier vía, sea regular o irregular, lo que se llama un factor de atracción; y un factor de empuje que es una política de bloqueo económico [embargo] dirigida a deprimir los niveles de vida del cubano que vive en Cuba”.