En desacato: Los derechos no se mendigan, se ejercen

Por Alina B. López Hernández*

Hoy, 24 de febrero, se cumplen 129 años del reinicio de la guerra de independencia que nos convirtiera finalmente de súbditos de una monarquía en ciudadanos de una república. Tantos años después continuamos en la situación de carecer de derechos políticos ante un estado despótico. La opción es la misma que entonces: obedecer o buscar la libertad.

En esta fecha pretendo rendir homenaje a José Martí, uno de los héroes de aquella gesta cuya concepción republicanista es todavía una deuda pendiente. Desconozco al escribir estas líneas si me permitirán llegar al monumento al Apóstol en el Parque de la Libertad de Matanzas, mi ciudad-prisión desde el 14 de junio del pasado año, cuando se me instruyó de cargos y se me impuso la medida accesoria de reclusión domiciliaria.

Ayer venció el plazo para pagar una multa indigna, que fue la sanción que me impuso un también indigno tribunal. Si la pago me ponen alfombra roja para salir de Cuba: me quitan la regulación, la reclusión y ni antecedentes penales tendría. Pero aceptarme como culpable significaría admitir que soy un medio básico, un mueble sin voluntad movido por Seguridad del Estado, que ha visto en el Acuerdo 9151, adoptado por el Consejo de Ministros en agosto de 2021, una patente de corso para amordazar la libertad de expresión y la participación de la ciudadanía en la vida política de nuestra Patria. Como estos son derechos inalienables, no puedo entrar en ese juego del palo y la zanahoria, vieja estrategia que conmigo no les ha resultado.

Este acoso comenzó en realidad el 25 de octubre de 2022, cuando Contrainteligencia vino a la puerta de mi casa a citarme para ser «entrevistada». En aquel momento yo jamás había salido al espacio público a hacer una manifestación ni acto alguno de desobediencia civil. Era solo una historiadora, una científica social, una ciudadana, que escribía con honestidad y argumentos sobre la realidad de mi país, con el único interés de aportar a las transformaciones que este necesita.

Eso no importó, no les gustaba «mi tono». Recuerdo que al denunciar públicamente lo ocurrido, el intelectual Rafael Hernández, director de la revista Temas, criticó mi decisión pues —tan dado a priorizar el análisis de los contextos para evitar pronunciarse sobre la realidad que le rodea— entendía que en otros países los ciudadanos no podían negarse a ser interrogados por el FBI, la Sureté, Scorland Yard, etc.

Qué dirá ahora al ver que la propia sentencia del tribunal que me sanciona reconoce con toda claridad que jamás existió una investigación en curso, ni yo era sospechosa de nada, simplemente sobre mí se iba a «ejercer una profilaxis preventiva». Estoy segura de que un ciudadano de los «contextos» citados podría demandar a los funcionarios de inteligencia que se atrevieran a advertirlos, sin causa alguna, de no ejercer los derechos que las constituciones de sus países les garantizan.

Cuando me asesoré legalmente decidí no acatar y presenté una queja en fiscalía que fue atendida. Seguridad del Estado no me citó más durante unos meses, pero comenzaron un camino de acoso y presiones: negociaron con el director de La Joven Cuba mi salida de ese medio a cambio de su apoyo explícito al mismo —tengo pruebas de lo que digo y también lo saben otras personas que abandonaron el medio por estar en desacuerdo con esa decisión—; intentaron secuestrarme ejerciendo violencia física sobre mí el día 6 de abril del 2023, cuando protestaba por la detención arbitraria del escritor y periodista Jorge Fernández Era; me regularon e impidieron mi viaje a un evento académico de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana en agosto de 2023; acosaron a mis hijas y a mi yerno; y me han privado del servicio de Internet en varias ocasiones.

El 13 de junio fui citada por segunda vez a «entrevista» y de nuevo rehusé. El colofón fue mi detención en plena vía el 14 de junio, día en que fui instruida de cargos y comenzó un proceso que ha sido bastante conocido y culminó con la apelación en el Tribunal Provincial de Matanzas, que ratificó mi culpabilidad por un supuesto delito de desobediencia.

Siento orgullo al desacatar algo que me degradaría. La vida es una y el sentido que tiene es vivirla con la frente en alto, con dignidad y coherencia. Estoy a disposición de las autoridades y no pienso resistir al arresto si vienen por mí, pero les aseguro que si me llevan presa voy a observar, guardar en mi memoria y denunciar cuando salga todo lo que vea dentro de prisión.

Nunca he militado en ninguna organización política, soy una ciudadana pacífica y una académica. Sé que prefieren ensañarse con otro tipo de personas: humildes, sin visibilidad ni relaciones. Muchos de ellos llevan varios años cumpliendo condenas injustas y exageradas. También será un honor acompañarlos en prisión si fuera el caso.

Como diría la gran Nina Simone: la libertad es la ausencia de miedo. A partir de hoy no usaré más el cartel en blanco al cuello, he demostrado que no lo necesito. No les temo y seguiré participando libremente en la vida política de mi país, del que tampoco pienso irme. Es hora de que prioricemos a Cuba por encima de nuestras necesidades. Ella nos necesita a todos. Pueden quedarse con mi pasaporte. Aquí les dejo una foto simbólica de lo que hice con el que está vencido.

*Profesora e historiadora cubana, residente en Matanzas. Fue acusada y condenada por desobediencia en un juicio amañado el pasado noviembre y está en riesgo de ir a prisión por negarse a cumplir la multa impuesta por el tribunal. Este artículo se publica en Café Fuerte con el consentimiento expreso de la autora.

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