EE.UU mantiene programa de $400 mil dólares para respaldar sector privado en Cuba
La convocatoria para respaldar a los emprendedores cubanos sigue en pie a pesar de las recientes restricciones del Congreso sobre el uso de fondos destinados a la promoción de la democracia en la isla.
El gobierno de Estados Unidos mantiene vigente la convocatoria a un programa de $400,000 dólares para impulsar el sector privado en Cuba, a pesar de las recientes restricciones impuestas por el Congreso sobre el uso de fondos destinados a la promoción de la democracia en la isla.
Los proyectos para el denominado Programa de Pequeñas Donaciones en Apoyo al Sector Privado Cubano (PAS-HAV-FY24) podrán enviarse a la Embajada de Estados Unidos en La Habana hasta el 26 de abril, y el dinero se repartirá entre las propuestas seleccionadas, con un máximo de $150,000 dólares y un mínimo de $50,000.
“Esta oportunidad sigue abierta y toda la información puede encontrarse en el sitio digital de la Embajada de Estados Unidos en La Habana”, confirmó a CaféFuerte un alto funcionario del Departamento de Estado. “Nos aseguraremos de que todas las oportunidades de financiación sean coherentes con la aplicación de la ley”.
El funcionario declinó referirse a supuestas presiones ejercidas sobre la administración Biden por congresistas republicanos para eliminar la convocatoria de apoyo al sector privado en Cuba, la cual fue lanzada el pasado febrero.
La aclaración se produce luego de que el Congreso aprobara una normativa en la Ley de Presupuesto, precisando el uso de los fondos para los Programas de Democracia en Cuba, que suman $25 millones durante el período fiscal 2024. Otros $25 millones fueron destinados a las operaciones de la Oficina de Transmisiones a Cuba (OCB), encargada de Radio y TV Martí, mientras que se añaden $43.5 millones en fondos adicionales para tecnologías que promuevan la libertad en Internet y permitan enfrentar las amenazas de censura.
“Los fondos asignados por esta Ley bajo el título Fondo de Apoyo Económico y puestos a disposición de los programas de democracia en Cuba no podrán ponerse a disposición de la promoción de negocios, la reforma económica, el espíritu empresarial, o cualquier otra asistencia que no sea la construcción de la democracia, según lo expresamente autorizado en la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana [Ley Helms-Burton], de 1996, y la Ley de Democracia Cubana [Ley Torricelli], de 1992”, indica la cláusula presupuestaria.
De acuerdo con el congresista Mario Díaz-Balart, quien promovió la normativa sobre Cuba en la Comisión de Asignaciones, se trata de “restricciones sólidas para evitar que la Administración Biden utilice fondos de democracia para fines no autorizados, incluidos los llamados programas de emprendimiento”, según un comunicado de su oficina.
Díaz-Balart es presidente de la Subcomisión sobre el Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, y llevó la voz cantante para no beneficiar a empresas del emergente sector privado cubano que están “bajo control del Estado”.
La medida desató cuestionamientos a ambos lados del espectro político, incluyendo representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas cubanas (mipymes) y de altos funcionarios del gobierno de La Habana.
“Ahora, como siempre, importa más la política cubana que el pueblo cubano”, comentó el excongresista demócrata Joe García. “La perspectiva de que las #pymes prosperen asusta a los bolcheviques de la línea dura del régimen tanto como asusta a los de la línea dura del exilio”.
García figuró entre los promotores de un encuentro en Miami que reunió a unos 70 emprendedores procedentes de Cuba con empresarios cubanoamericanos y representantes de los departamentos de Estado y de Comercio. La reunión suscitó ataques tanto del gobierno cubano como de sectores del exilio.
El pasado enero, una audiencia convocada por el Subcomité para Asuntos Hemisféricos de la Cámara de Representantes bajo el título de “El mito de los nuevos empresarios cubanos: un análisis de la política hacia Cuba de la administración Biden”, se cuestiónó la existencia de un sector privado en la isla y calificó a algunos representantes de mipymes como agentes al servicio del régimen.
Desde que el gobierno cubano autorizó la creación de mipymes en 2021, el crecimiento del sector privado se ha convertido en una alternativa para resolver los suministros de productos y servicios básicos que no pueden cubrirse por la vía estatal. Las más recientes estadísticas del Ministerio de Economía y Planificación indica que existen en el país 10,927 mipymes en el país, las cuales pueden tener carácter privado, estatal o mixto.
Las mipymes tampoco han estado exentas de críticas a nivel de la población que critica los altos precios de sus ofertas y la obligatoriedad impuesta por muchas de ellas de pagar con dinero en efectivo.
El naciente sector privado cubano está también bajo supervisión y restricciones del gobierno de Miguel Díaz-Canel, que a partir del pasado enero eliminó las exenciones fiscales a actores económicos no estatales, incluyendo las mipymes y cooperativas no agropecuarias. Adicionalmente se introducirá un impuesto del 10% sobre ventas y servicios para los empresarios privados.
Funcionarios de la administración Biden han negado que vayan a flexibilizarse las sanciones financieras del embargo para otorgar líneas de créditos a empresas privadas dentro de Cuba.
TEXTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO 2024