¿Qué significa el acuerdo de fronteras marítimas entre Cuba y Bahamas?
Por Wilfredo Cancio Isla
Los gobiernos de Cuba y Bahamas cumplieron este lunes un paso significativo para los proyectos de exploración petrolera en sus aguas territoriales con la firma de un histórico acuerdo de demarcación de fronteras marítimas entre ambos países.
La firma del acuerdo en una ceremonia en Nassau pone fin a 15 años de negociaciones bilaterales en momentos en que ambas naciones necesitan establecer firmes pilares de legalidad para echar adelante planes estratégicos de perforación petrolera en aguas comunes.
Las bases del tratado quedaron cerradas desde el pasado mayo, pero no fue hasta ahora que el documento fue oficializado, previo a la despedida del embajador cubano en Bahamas, José Luis Ponce Caraballo, tras cumplir su misión diplomática.
Una nota del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bahamas indicó que el acuerdo abarca además proyectos de cooperación científica, seguridad en la navegación y protección del medio ambiente, y subraya el interés de “potenciar la exploración petrolera conjunta”.
No es nada casual que la firma del convenio se produzca en vísperas del arribo de la plataforma semisumergible Scarabeo 9 al estrecho de la Florida, contratada por la compañía Repsol para perforar en aguas territoriales cubanas.
Aunque las conversaciones sobre el tema se remontan a 1996, la voluntad de impulsar definitivamente el acuerdo se intensificó desde el 2005, a raíz de la expansión de los proyectos de la llamada Zona Económica Exclusiva de Cuba (ZEE) y el creciente interés de compañías extranjeras en explorar en aguas del archipiélago bahamense. El proceso se aceleró después de una ronda de negociaciones con amplia representación de altos funcionarios gubernamentales y expertos en La Habana, en junio del 2009.
Un acuerdo estratégico
“Este acuerdo en la demarcación de fronteras marítimas en el estrecho de la Florida justifica la alta probabilidad de posibles reservas de hidrocarburos en las aguas adyacentes de ambos países”, consideró el ex ejecutivo petrolero Jorge Piñón, investigador de la Universidad Internacional de la Florida (FIU). “Se trata de una decisión estratégica para ambas partes”.
Piñón recordó que la compañía Bahamas Petroleum (BPC) tiene numerosas concesiones para explorar al sur de la Isla Andros, colindante con los bloques otorgados a la compañía rusa Zarubezhneft para perforar al norte de Cayo Santa María, en la provincia de Villa Clara.
El acuerdo era necesario para facilitar el tránsito de barcos de estudios sísmicos que se realizan en la zona y, especialmente, para la futura consolidación de los campos petroleros en caso de comprobarse las posibles reservas.
En el 2009, BPC estableció un convenio con el consorcio noruego Statoil-Hydro para impulsar el mayor proyecto de exploración petrolera en las cercanías de Cayo Sal, en el suroeste de Bahamas, apenas 150 kilómetros de Cuba. El potencial de esa zona se estima en unos 500 millones de barriles.
Statoil-Hydro forma parte del consorcio con Repsol -junto a la firma india ONGC- para explorar frente a las costas cubanas a fines de este año.
Las operaciones de BPC en Bahamas eran inminentes cuando se produjo el desastroso derrame de crudo en el Golfo de México, en abril del 2010, obligando al gobierno de Nassau a declarar una moratoria a la exploración en sus aguas territoriales y abogar por una clara política para el manejo de catástrofes.
Planes para el 2012
La BPC acapara la totalidad de las licencias para la exploración en aguas profundas de Bahamas. Sus ejecutivos confían en que -a pesar de la moratoria- las perforaciones puedan comenzar en el 2012, casi simultáneamente con las anunciadas en aguas cubanas. La compañía ha invertido unos $14 millones en prospecciones petroleras en el área.
El presidente de BPC, Paul Crevello, declaró recientemente que su compañía y el gobierno bahamés están trabajando seriamente para establecer las “regulaciones necesarias que le permitan a BPC continuar sus operaciones en el país”.
Pero el acuerdo suscrito por La Habana y Nassau tiene otras implicaciones en la actual encrucijada política que rodea la exploración en las aguas cubanas, cuestionada por congresistas cubanoamericanos y sectores conservadores de Washington.
La pasada semana, un grupo de 34 congresistas pidió a Repsol que cancele sus planes de explorar en aguas cubanas, advitiéndole que la compañía podría enfrentar riesgos comerciales y legales en Estados Unidos.
Repsol manifestó que seguiría adelante con sus planes, asegurando que sus operaciones “cumplen escrupulosamente con la legislación de Estados Unidos en relación al embargo y también en materia de seguridad en nuestras operaciones”.
Para el gobierno de Raúl Castro era importante firmar este tratado y enviar a la comunidad internacional -y a Washington- el mensaje de entendimiento con un vecino sobre el tema de las riquezas petroleras en aguas comunes, una asignatura pendiente entre Cuba, Estados Unidos y México en la llamada Fosa Oriental (Easter Gap) del Golfo de México.
La Fosa Oriental es una formación geológica donde se calcula existan las mayores concentraciones de petróleo y gas natural en el Golfo de México, y está aún pendiente de repartición de manera tripartita entre México, Estados Unidos y Cuba.
De acuerdo con la línea de frontera marítima trazada entre Cuba y Estados Unidos por los acuerdos de 1977, a la isla le pertenecería una cuña significativa de los yacimientos de la Fosa Oriental, pero las negociaciones sobre este asunto no parecen estar a la vuelta de la esquina.
Una discusión pospuesta
El acuerdo de fronteras marítimas entre La Habana y Washington se renueva con frecuencia bienal, aunque en ocasiones han existido intentos en el Senado para que la Casa Blanca no valide su compromiso.
Ante la polémica desatada en Estados Unidos por la llegada de la plataforma Scarabeo 9 a aguas cubanas, una delegación estadounidense de expertos petroleros y medio ambiente viajó a La Habana el pasado mes para evaluar los planes de exploración en la ZEE y allanar vías de cooperación en caso de un desastre en alta mar.
La comitiva estadounidense estuvo encabezada por Bill Reilly, copresidente de la comisión investigadora del derrame de crudo causado por la explosión en la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México. Reilly participó en la elaboración de un informe que recomienda a Washington trabajar mancomunadamente con Cuba y México para compartir normas de perforación en el área.
Entre los integrantes de la delegación figuraron Lee Hunt, principal ejecutivo de la Asociación Internacional de Contratistas de Excavación Petrolera; Richard Sears, ex vicepresidente de perforaciones petroleras en aguas profundas de la compañía Shell; y Dan Whittle, abogado del Fondo de Defensa del Medioambiente.
La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes tenía fijada para el 22 de septiembre una audiencia sobre la perforación petrolera en aguas cubanas, pero funcionarios del Departamento de Estado dijeron que no estaban preparados todavía para dar respuestas concluyentes respecto al tema.
Aunque Repsol invitó a las autoridades estadounidenses a darle el visto bueno a la plataforma Scarabeo 9 a su llegada a las aguas del estrecho de la Florida, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declinó ejercer esa opción por considerar que podría ser interpretado como un aval comprometedor en caso de un accidente tecnológico.
Un estudio del Servicio Geológico de Estados Unidos realizado en el 2004 evaluó en 4,600 millones de barriles de petróleo y 9.8 billones de pies cúbicos de gas natural el potencial de la cuenca norte de Cuba. Las reservas cubanas estarían al nivel de las que posee Ecuador, cuarto país entre los de mayor caudal petrolero en América Latina después de Venezuela, México y Brasil.