Perforaciones petroleras en Cuba: los peligros de la ingenuidad
Por Jorge Piñón*
La exploración petrolera en aguas del Estrecho de la Florida es un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos, y el hecho de que Cuba tenga un creciente protagonismo en las perforaciones adyacentes a nuestras costas añade una peculiar perspectiva a los debates en curso -y los que se avecinan sobre este trascendental tema en el futuro hemisférico.
La Tercera Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS III), de 1982, define los derechos y responsabilidades de las naciones en el uso de los océanos del mundo, el establecimiento de directrices para las empresas, el medio ambiente y la gestión de los recursos naturales marinos.
Estados Unidos ha firmado acuerdos de límites marítimos con la mayoría de sus vecinos, Rusia (Alaska), Canadá (ex Océano Ártico), Cuba y México; delineando una zona económica exclusiva -ZEE- sobre la que cada Estado tiene derechos soberanos relacionados con la exploración y explotación de sus aguas, lecho, subsuelo y recursos marinos.
Estados Unidos, México, Cuba y Bahamas están enfrascados en desarrollar sus respectivos recursos de hidrocarburos en aguas profundas de las ZEEs, y después de la catastrófica experiencia de explosiones en los pozos de Ixtoc y Macundo, el establecimiento de relaciones de trabajo entre los cuatro países en la protección del medio marítimo ayudaría en la planificación de contingencia y la cooperación necesaria para dar una respuesta rápida y verdaderamente efectiva en caso de un derrame accidental.
Estados Unidos ya tiene acuerdos de cooperación con México y Canadá, los cuales establecen los protocolos a seguir en caso de un derrame de petróleo que representaría una amenaza para el medio ambiente marino compartido. Un acuerdo bilateral similar con Cuba y Bahamas se necesita urgentemente.
Acuerdos multilaterales
Cuba, Bahamas y Estados Unidos son signatarios de acuerdos multilaterales que comprometen a las partes a preparar y cooperar en posibles derrames de petróleo. Esto incluye el Convenio Internacional de Preparación, Respuesta y Cooperación ante la Contaminación de Hidrocarburos (OPRC), que fue adoptado en 1990 bajo los auspicios de la Organización Marítima Internacional (OMI).
De acuerdo con el Convenio, las partes están obligadas a aplicar medidas para hacer frente a sucesos de contaminación, ya sea nacional o en cooperación con otros países.
Para responder eficazmente ante un accidente marítimo relacionado con el petróleo, los cuatro países requerirían también acceso inmediato a los servicios petroleros de cada uno de ellos, y al equipamiento tecnológico que pueda ofrecer casi instantáneamente el conocimiento de lo que será necesario para prevenir, limitar y detener el daño al medio ambiente marítimo compartido.
Somos muy ingenuos en pensar que, en el caso de Cuba, un puñado de licencias individuales de exportación podrían prevenir y contener un pozo exploratorio que reviente en aguas profundas. Una licencia general de exportación y suministro de equipos, personal y servicios a las compañías petroleras internacionales que operan en Cuba es una tarea impostergable ante una eventual emergencia.
Los recursos empleados en los esfuerzos de contención y limpieza en en caso de la plataforma Deepwater Horizon, el pasado año, no tenían precedentes; más de 48,000 movilizados como personal de asistencia; más de 5,050 embarcaciones, incluidos skimmers, remolcadores, barcazas, camiones cisterna y buques de recuperación; cientos de aviones, vehículos operados a control remoto, y varias unidades móviles de perforación mar adentro y equipos de apoyo; 2.93 millones de metros de barreras de contención, 8.35 millones de pies de materia absorbente y casi dos millones de galones de dispersante. Además, fueron necesarias dos plataformas semisumergibles de aguas ultraprofundas fueron necesarias para perforar pozos de alivio y sellar permanentemente los escapes del yacimiento.
Preocupados en el Congreso
Durante los últimos meses, hemos visto una serie de preocupaciones del Congreso cuestionando la experiencia de compañías petroleras internacionales en exploración en aguas profundas, así como las normas y regulaciones bajo las cuales van a operar, la tecnología y la calidad de los equipos de perforación, y la falta de una preparación multilateral contra desastres y de un acuerdo de coordinación en caso de un accidente.
Lo más notable en todo este debate ha sido la singular atención dispensada a la compañía pública Repsol, radicada en España, mientras se ignoran todas las demás actividades de perforación exploratoria en Cuba, México y Bahamas por una serie de empresas estatales petroleras nacionales como, Petronas de Malasia, Gazprom de Rusia, ONGC de India, Sonangol de Angola, y Pemex de México, entre otras.
México, Cuba y Bahamas están en el proceso de implementación de los más actualizados reglamentos y normas de perforación; pero ¿tienen ellos los recursos, capacidades, activos financieros, personal y experiencia para hacerlas cumplir? ¿Pueden las agencias de regulación en estos países establecer apropiadamente una política de operaciones?
Estados Unidos no sólo tiene que acercarse y compartir las lecciones aprendidas y las mejores prácticas con todas las compañías que operan en la región para el beneficio y protección de nuestros comunes intereses económicos y ambientales; sino que lo más importante es establecer colaboración con los organismos reguladores como la Comisión Nacional de Hidrocaburos de México, la Oficina de Regulación Ambiental y Seguridad Nuclear de Cuba y el Ministerio de Medio Ambiente de Bahamas.
Al mismo tiempo, el papel internacional asumido recientemente por la Oficina de Seguridad y Medio Ambiente del Departamento del Interior parece estar fuera del mandato constitucional que le permite “hacerse cargo de los asuntos internos de la nación” y, por lo tanto, amerita revisar y considerar si estas atribuciones establecen precedentes que no están en el mejor interés de la seguridad nacional de Estados Unidos; lo que podría tener un impacto negativo en nuestros esfuerzos por impulsar la búsqueda de hidrocarburos en la Falla Perdido (México) y en el Mar Chukchi (Rusia).
El desastre que podemos prevenir
Las consecuencias económicas y ambientales de un derrame de petróleo accidental para los 19 millones de residentes de la Florida exige una planificación activa conjunta por parte de México, Cuba, Bahamas y Estados Unidos con el fin de prevenir un desastre. Esta planificación debe hacerse en un espíritu de cooperación y no de confrontación.
Hasta el momento la posición editorial de los tres mayores periódicos del estado de la Florida reafirma este punto de vista:
The St Petersburg Times: “Florida lawmakers´ hopes of thwarting Cuba´s offshore drilling ambitions by isolating it from oil companies that do business in the United States is shortsighted political posturing that won´t work”. (Febrero 7, 2011)
The Fort Lauderdale Sun Sentinel: “Cuba’s oil drilling ought to be put above the diplomatic and political fray”. (Octubre 23, 2011)
The Orlando Sentinel: “Politics instead of wise policy continues to undermine the U.S. approach to oil drilling in Cuba´s waters”. (Octubre 19, 2011)
Este es un asunto vital y de máxima trancendencia para la Florida y Estados Unidos en los próximos años. Y tenemos que tomar las decisiones más sabias para no tener que lamentar luego nuestra carencia de lucidez y visión de futuro.
* Jorge Piñon es investigador invitado del Centro de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida. Fue presidente de Amoco Oil de México y presidente de Amoco Oil Latinoamérica. Piñón participó en los paneles convocados días atrás por comités del Senado y la Cámara de Representantes para discutir el tema de las perforaciones petroleras en Cuba.
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