Cabeza de turco: El caso de Alejandro Gil y la corrupción en Cuba
Si al exvicepresidente primero lo encausan también por simulación e insensibilidad, entonces todos los dirigentes cubanos deben poner sus puestos a disposición y dejar que elijamos libremente a otros.
Alina Bárbara López Hernández*
Acabo de escuchar la nota oficial sobre la «judicialización» del exministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, y estoy indignada. ¿Hasta cuándo van a ofender nuestra inteligencia? Una inteligencia colectiva que se ha nutrido de falsas promesas, proyectos incumplidos, pretextos y justificaciones, discursos demagógicos, miseria cotidiana, falta de esperanza y expectativa, represión y un éxodo migratorio desesperado. Ya hemos aprendido, y desde la entrada masiva de Internet a Cuba poseemos capacidad de interpelación.
Están tratando de hacer control de daños y ofrecen en bandeja de plata la cabeza de Alejandro Gil Fernández. Claro, porque tratan de crear la «matriz de opinión» de que el problema de Cuba es únicamente económico. Pero no. Aquí «hay muchos Panchos Pérez en Buenavista», como dice el refrán.
Para empezar. Si el ministro de Economía es corrupto, que despidan y judicialicen a la Contralora General de la República, Gladys Bejerano Portela. Mientras ella se dedica a recibir cartas credenciales de los nuevos embajadores en Cuba, y tiene poquísimo que auditar pues GAESA no le permite entrar a su gigantesco conglomerado, resulta que había una turbia trama de corrupción que implica al titular de esa cartera y no fue detectada.
Y ya que estamos, que expulsen junto con ella al presidente de la República, pues a petición de la Contralora es función de este (convertida en ley) indicar hacia dónde deben dirigirse las acciones de control. Sí, el mismo presidente Miguel Díaz Canel, quien despidió con elogios hace muy poco al corrupto, simulador e insensible Gil.
¿Pero dónde queda el Ministro del Interior? Un aparato enorme y ocupadísimo, que tiene amplios recursos y miles de agentes en autos y motos, reprimiendo ciudadanos honestos para evitar que ejerzan sus derechos, custodiando las puertas de sus casas para que no salgan, amenazando a los familiares de presos políticos, periodistas independientes e intelectuales críticos; presionando a Fiscalía, jueces y tribunales para que castiguen cualquier repunte de disenso. Y de pronto Fiscalía, por arte de magia, se aparece con esta carta en la manga que ha tomado desprevenidos a todos.
Contrainteligencia se desayuna con esta situación, a pesar de que la economía nacional es un ámbito estratégico, según viejas declaraciones del propio Raúl Castro que ni él mismo se cree. Entonces no demoren, «judicialicen» junto al Ministro del Interior a los oficiales que atienden Contrainteligencia e Inteligencia.
Estos últimos tampoco dan la talla: descubren a sus agentes extranjeros con fallos de novatos y no lograron en cinco años negociar el rescate de los médicos que desgraciadamente fueron asesinados en África. Y mientras, funcionarios del Banco Nacional vendieron desde hace años bonos de la deuda pública a un supuesto «fondo buitre» y sentaron a Cuba en un banquillo en Londres, pero nadie se enteró hasta ahora. En tanto la CIA, con su profeta El Toque, logran éxitos continuados con la «Operación de Inflación» exportada a la Isla.
Lo curioso es que mientras algo tan grave ocurría con Gil, la prensa se dedicaba a enfatizar sus declaraciones y aplaudir sus lamentables intervenciones en los medios. Pues fuera todos.
No me atrevería a afirmar que los dirigentes cubanos son corruptos en su totalidad, a pesar de que su forma de vida y la de sus familiares dista mucho de la imagen de sacrificio y austeridad que siempre han exigido a los demás. Pero si a Gil lo encausan también por simulación e insensibilidad, entonces todos deben poner sus puestos a disposición y dejar que elijamos libremente a otros. Son muchas las cabezas de turcos en esta historia.
*Profesora e historiadora cubana, residente en Matanzas. Fue acusada y condenada por desobediencia en un juicio amañado el pasado noviembre y está en riesgo de ir a prisión por negarse a cumplir la multa impuesta por el tribunal.