Biden firma ley para proteger marcas confiscadas por el régimen cubano
La llamada "Ley Bacardí" marca un hito para empresarios y compañías cuyos bienes fueron expropiados por el régimen de Fidel Castro y sus marcas originales comercializadas con posterioridad.
El presidente Joe Biden convirtió en ley la propuesta aprobada por el Congreso de Estados Unidos para proteger los derechos de marcas confiscadas por el régimen cubano a partir de 1959.
“El Presidente firmó este domingo 1 de diciembre la H.R. 1505, No Stolen Trademarks Honored in America Act of 2023 (Ley No Marcas Robadas Reconocidas en Estados Unidos), que modifica la prohibición de reconocimiento por los tribunales estadounidenses de ciertos derechos relativos a determinadas marcas, nombres de marcas o nombres comerciales”, indicó un comunicado emitido por la Casa Blanca.
Biden agradeció a “todos los Representantes y Senadores que ayudaron con su liderazgo a sacar adelante esta legislación”.
La legislación marca un hito para empresarios y compañías cuyos bienes fueron expropiadas por el gobierno cubano, y sus marcas originales han sido comercializadas con posterioridad sin compensación ni acuerdo con sus legítimos propietarios.
El proyecto bipartidista había sido presentado en la Cámara de Representantes por el republicano Darrell Issa (California) y la demócrata Debbie Wasserman-Schultz (Florida) en 2023.
Fue aprobada en la Cámara en noviembre de 2023 con amplia mayoría y recibió también votación unánime del Senado el pasado 18 de noviembre antes de ser enviada a la Oficina Oval para su firma.
La legislación prohibirá tanto a los tribunales como a las agencias de la rama ejecutiva en Estados Unidos validar marcas que pertenecieron a una empresa o activo confiscado. La prohibición no podrá aplicarse si el propietario original de la marca -o un sucesor- ha dado su consentimiento para ejecutar una validación.
Pero la prohibición solo podrá aplicarse cuando la entidad que trate de legitimar los derechos de marca conocía o debía conocer -al adquirir los derechos- que esa marca era igual o sustancialmente similar a otra asociada a un negocio o activo confiscado.
La normativa es popularmente conocida como “Ley Bacardí”, porque tendría implicaciones decisivas sobre la marca Ron Havana Club, que fue vendida a la corporación Bacardí en 1990 por sus dueños originales, la familia de José Arechabala SA.
Bacardí, con sede en Hamilton, Bermudas, comenzó a comercializar el ron Havana Club en Estados Unidos en 1995. Cubaexport y Pernod Ricard venden ron con el mismo nombre alrededor del mundo, pero tienen prohibido comercializarlo en territorio estadounidense.
La administración de Donald Trump impuso restricciones que impiden ingresar al país productos cubanos, como ron y tabaco, adquiridos en el extranjero, so pena de ser decomisados.
El tema del uso y comercialización del ron Havana Club ha sido desde entonces un tema de contención en los tribunales de Estados Unidos entre Bacardí, el gobierno cubano y la empresa francesa Pernod Ricard.
La empresa estatal Cubaexport inscribió por primera vez la marca Havana Club en Estados Unidos en 1976 e intentó renovar sin éxito el registro ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en 2006.
Pero en 2016 la Oficina de Patentes y Marcas (PTO) le otorgó la licencia después de que la OFAC le renovó el registro.
La decisión de la PTO motivó una demanda de Bacardí en 2021 y una agria batalla entre ambas partes por la renovación del registro de la marca a favor del gobierno cubano. La reclamación fue desestimada en abril de 2022, porque un juez federal consideró Bacardí solo podía impugnar la marca mediante procedimientos legales ante la PTO.
Sin embargo, el pasado junio la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito en Richmond, Virginia, revirtió la decisión y resolvió que Bacardí si puede impugnar ante un tribunal federal la decisión de la PTO de haberle renovado el registro de Ron Havana Club a favor de la estatal cubana Cubaexport.
La ley firmada por Biden pavimenta el camino de Bacardí y otras empresas confiscadas para afincar sus reclamos ante tribunales de Estados Unidos, y el poder de validación de la PTO queda restringido a la nueva normativa legal.
Fundada en Santiago de Cuba por el negociante español Facundo Bacardí Massó, en 1862, Bacardí ha sido propiedad de la familia durante siete generaciones. Cuenta con una cartera de más de 200 marcas y etiquetas y emplea a más de 8,000 personas, con ventas en aproximadamente 170 países. La empresa instaló sus primeras oficinas en Miami en 1964.