Familiares de pilotos: “A EEUU no le interesa capturar a los culpables”
Aunque Washington encausó formalmente a tres de los presuntos culpables por la muerte de los cuatro pilotos de Hermanos al Rescate asesinados en 1996, la búsqueda de los acusados no parece hoy una prioridad para las autoridades estadounidenses.
Quince años después del derribo de las avionetas por cazas MiG de la Fuerza Aérea cubana, familiares de las víctimas se quejan de que el encausamiento criminal anunciado en el 2003 contra el General de División Rubén Martínez Puente, ex jefe de las tropas de defensa antiaérea (DAAFAR), y los pilotos Lorenzo Alberto y Francisco Pérez Pérez, fue una escaramuza política sin real voluntad de justicia.
Ni Martínez Puente ni los hermanos Pérez Pérez figuran actualmente en la lista de Más Buscados del FBI ni sus nombres han sido entregados a la Interpol para su captura y enjuiciamiento en un tribunal estadounidense.
“Cuando hemos preguntado por qué no están siendo buscados como prófugos de la justicia ni siquiera nos dan una respuesta [las autoridades del Departamento de Justicia]”, manifestó Maggie Alejandre Khuly, hermana del piloto Armando Alejandre. “Nadie quiere encarar el hecho de que no están buscando a los acusados y que el caso está realmente muerto”.
En agosto del 2003 el Departamento de Justicia procedió a encausar a tres oficiales cubanos involucrados en el derribo de las avionetas. La acusación no incluyó ni a Fidel ni a Raúl Castro como responsables en la acción militar que causó la muerte de Alejandre y sus compañeros Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales el 24 de febrero de 1996.
Khuly piensa que el encausamiento fue “una movida política de la administración de George W. Bush” en plena campaña por su reelección y se cuestiona si realmente Estados Unidos está interesado en llevar a los supuestos culpables al banquillo de los acusados.
“A Estados Unidos no le interesa capturar a los culpables”, agregó Kuhly.
Tras el anuncio de la acusación, el caso no ha tenido más desarrollo en siete años. La fiscalía del sur de la Florida dice que el expediente se encuentra en fase preparatoria.
“Estoy muy escéptico sobre la actitud del gobierno de Estados Unidos”, manifestó Mario de la Peña, padre de una de las víctimas. “Tal pareciera que hay un interés de este país por no meterse con los militares cubanos”.
Una petición a Obama
El pasado año, los familiares de los pilotos enviaron una carta al presidente Barack Obama mostrándole preocupación por un posible canje de prisioneros con Cuba que favorezca al espía convicto Gerardo Hernández, sentenciado a dos cadenas perpetuas por su vínculo en el derribo de las avionetas.
El misiva recordó la vigencia del encausamiento contra los oficiales cubanos que cometieron el asesinato y que deberían ser traídos ante la justicia estadounidense. La Casa Blanca respondió mediante un correo electrónico, comunicándole a los familiares que el presidente no podría reunirse con ellos a causa de su apretada agenda.
En una reciente presentación en La Habana, el presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón, insistió en que Hernández no tuvo que ver absolutamente nada con “ese lamentable incidente” y manifestó que ningún tribunal estadounidense puede examinar ese hecho por haber ocurrido -según él- en territorio cubano.
Este miércoles, Kuhly y otros familiares de los pilotos conversaron con Madeline Albright, representante de Naciones Unidas y secretaria de Estado en la administración Clinton, durante una visita a Miami.
Albright dijo que Estados Unidos logró la condena internacional contra Cuba por la acción contra las avionetas y confesó que recuerda el 24 de febrero de 1996 como uno de los días más tristes de su vida. Albright era representante de Washington en Naciones Unidas cuando ocurrió el hecho y promovió una resolución de condena ante ese organismo.
Al enterarse del júbilo exaltado de los pilotos cubanos que derribaron las avionetas, la palabras de indignación de Albright fueron suficientemente ilustrativas: “Esto no es un acto de cojones, sino de cobardía”.
Tomando distancia
Tras la acción, el presidente Bill Clinton firmó la Ley Helms-Burton, que recrudeció el embargo contra Cuba. Sin embargo, desde su nombramiento como secretaria de Estado, en enero de 1997, los familiares de los pilotos dicen que Albright se distanció del caso.
“Nunca más pudimos llegar a ella, las puertas del Departamento de Estado se cerraron para nuestros reclamos y Estados Unidos teminó enfrentado a nosotros en la demanda civil, opuestos a que se cobrara la compensación a los familiares de las cuentas del gobierno cubano”, recordó Kuhly.
Las familias de los pilotos Alejandre, Costa y De la Peña ganaron una demanda civil en 1997 y les fue otorgada una compensación de $187 millones de dólares, adjudicados bajo la Ley de Protección a las Víctimas del Terrorismo. Los pagos fueron obtenidos de cuentas congeladas al gobierno cubano en bancos estadounidenses, pero no se hicieron efectivos hasta el 2001.
La familia de Morales no fue incluida en la demanda porque éste no era cuidadano americano, pero recibió una compensación del gobierno federal.
José Basulto, fundador de Hermanos al Rescate y sobreviviente del operativo lanzado por la fuerza aérea cubana, dice que seguirá reclamando “justicia con verdad” en el caso.
Basulto, quien piloteaba la única avioneta que escapó a la cacería de los MiGs, es promotor del encausamiento de Fidel y Raúl Castro como máximos responsables de la tragedia y opina que Washington ha ocultado evidencias sobre el comportamiento de las autoridades militares estadounidenses durante esa fatídica jornada.
“He pedido documentos por 15 años y lo que he recibido son unos papeles insignificantes con tachaduras”, señaló Basulto. “Estados Unidos se ha burlado de todos nosotros”.
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