Tribunal prolonga TPS para inmigrantes venezolanos; a la espera de fallo sobre parole humanitario
Dos demandas federales sobre la suspensión del programa de parole humanitario aguardan por decisiones en tribunales de Boston y Washington DC, y podrían verse también fallos temporales en los próximos días.
Un juez federal de California decidió este lunes retrasar la cancelación del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, lo que prolongará la permanencia legal de alrededor 350 mil inmigrantes en Estados Unidos.
“El Tribunal considera que la acción de la Secretaria de Seguridad Nacional [DHS] amenaza con causar daños irreparables a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de vida se verán gravemente afectados, costará a Estados Unidos miles de millones de dólares en actividad económica y perjudicará la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”, escribió el juez de distrito Edward Chen en respuesta a una demanda de grupos defensores de los inmigrantes.
Se calcula que el costo para las empresas estadounidenses para reemplazar a los empleados despedidos del TPS podría ascender a $1,300 millones de dólares.
El fallo de Chen afirma que el gobierno no ha identificado ningún daño compensatorio real por mantener el TPS para los beneficiarios venezolanos.
“Los demandantes también han demostrado que probablemente lograrán demostrar que las acciones de la Secretaria no están autorizadas por ley, son arbitrarias y caprichosas, y están motivadas por una animadversión inconstitucional”, añadió Chen.
La noticia es un triunfo parcial para miles de inmigrantes venezolanos que perderían la protección legal en el país el próximo 7 de abril. De acuerdo con la normativa publicada el pasado febrero por la secretaria de DHS, Kristi Noem, los inmigrantes beneficiados perderían sus permisos de trabajo y estarían bajo deportación forzosa.
El dictamen del juez Chen a favor de los beneficiarios del TPS tiene un carácter temporal, pero pospone la acción gubernamental hasta que no se resuelva el caso de manera definitiva.
Chen calificó la decisión de Noem de “sin precedentes”, señalando que el gobierno estadounidense nunca antes había cancelado abruptamente un programa de TPS sin un período de reducción gradual significativo, y dijo que la medida parecía estar sustentada en “estereotipos negativos” sobre los venezolanos, en referencia a los pandilleros del llamado Tren de Aragua.
Según Chen, el criterio de los demandantes podría prevalecer al argumentar que las acciones de Noem “no están autorizadas por la ley, son arbitrarias y caprichosas, y están motivadas por una animadversión inconstitucional”.
El programa de TPS para Venezuela es el mayor de su tipo, con cobertura para aproximadamente 600,000 imigrantes a través de dos proclamaciones, en 2021 y 2023. La revocación anunciada por Noem afecta a los protegidos bajo la designación de 2023; se prevé que los venezolanos inscritos en el TPS por la orden de 2021 mantengan su estatus al menos hasta septiembre.
El primer día de su segundo mandato, el presidente Donald Trump ordenó a los funcionarios que revisaran los programas de TPS para garantizar que tuvieran un alcance limitado.
El gobierno de Biden alegó la crisis política y económica en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro, causante del éxodo de casi ocho millones de personas, para extender el TPS.
Al anular la designación de 2023, Noem reconoció en su decisión que persisten algunas condiciones en Venezuela citadas por la administración de Joe Biden para extender el TPS, pero determinó que era “contrario al interés nacional” continuar con esa política de protección.
Sin embargo, en la audiencia inicial del caso, los representantes de la actual administración no pudieron convencer al juez de las condiciones internas que habían cambiado en Venezuela para determinar la suspensión del TPS en favor de miles de ciudadanos venezolanos.
La decisión judicial de este lunes es otro revés para las órdenes ejecutivas de Trump en lo que respecta a su política migratoria. La pasada semana, un tribunal de apelaciones de Washington DC mantuvo el bloqueo al uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para enviar a inmigrantes de manera sumaria a prisiones en el exterior, sin haber enfrentado una audiencia.
La orden de restricción, dictada días atrás por el juez James E. Boasberg, impedirá por el momento nuevos traslados de inmigrantes venezolanos y otros calificados como criminales deportables a la cárcel del CECOT en El Salvador, como sucedió a mediados de marzo. Boasberg deberá pronunciarse sobre la conveniencia de dictar una orden judicial de mayor duración.
Parole humanitario en espera
Mientras, dos demandas federales sobre la suspensión del programa de parole humanitario aguardan por decisiones en tribunales de Boston y Washington DC.
Se espera que pueda haber una orden temporal inminente en uno de los casos, a cargo de la jueza Indira Talwani, en Boston. Esa demanda fue interpuesta por beneficiarios, patrocinadores y la organización Haitian Bridge Alliance contra el DHS, con el liderazgo del Justice Action Center, y tiene prevista su segunda audiencia para el lunes 7 de abril.
La segunda demanda fue presentada en un tribunal del distrito de Columbia, Washington, por parte de la Red UndocuBlack (UBN), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y CASA, de Maryland, con la representación legal de Justice Action Center.
En ambas acciones legales se pide anular la revocación ordenada por el DHS el pasado 25 de marzo, por considerar que viola el debido proceso migratorio y ordena la expulsión de manera expedita de miles de beneficiarios sin una audiencia ante un juez de inmigración.
En efecto, el parole humanitario expira oficialmente el 24 de abril, pero las autoridades recomiendan a las personas abandonar Estados Unidos antes del plazo de 30 días. La revocación del programa implica también la pérdida inmediata del permiso de trabajo para miles de venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses.
Bajo el programa de parole, conocido por las siglas CHNV, entraron a Estados Unidos unos 532 mil inmigrantes de esas cuatro nacionalidades. Muchos beneficiados han logrado regularizar su estatus mediante la Ley de Ajuste Cubano (CAA) u otras provisiones migratorias como el TPS, las peticiones de fiancée o reclamación familiar, o las visas especiales de trabajo.
Pero el DHS está enviando una carta a todos los que lograron ingresar y obtener los beneficios del parole, aun cuando su estatus migratorio haya cambiado. Se estima que de los cubanos 110,240 que consiguieron viajar, alrededor de 26,000 quedarían desprotegidos por no haber cumplido aún el año de estancia en el país.
La carta del DHS es una invitación para que las personas sin otro amparo migratorio que el documento de parole, abandonen el país y eviten verse afectados por un proceso de deportación, lo que invalidaría su posible retorno legal en el futuro.