Trump deportará a Guantánamo a los “peores criminales extranjeros”
El presidente estadounidense hizo el anuncio durante la ceremonia de promulgación de la Ley Laken Riley, primera legislación que suscribe su administración y que constituye un escudo para su política de deportaciones masivas.
La Base Naval de Estados Unidos en Guantánamo (GITMO) en el extremo oriental de Cuba volvió a convertirse en piedra de escándalo desde este miércoles con los planes anunciados por el presidente Donald Trump para deportar hacia el lugar a los “peores criminales extranjeros”.
Trump firmó ya la orden ejecutiva para deportar delincuentes arrestados por el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a un centro de detención en Guantánamo, según confirmó la Casa Blanca. El anuncio lo hizo durante la ceremonia de promulgación de la Ley Laken Riley, primera legislación que suscribe su administración en el poder.
El memorando ordena al Secretario de Defensa y al Secretario de Seguridad Nacional que tomen todas las medidas apropiadas para ampliar el Centro de Operaciones de Migrantes en la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo (GITMO), con el fin de permitir su funcionamiento a plena capacidad para servir como “espacio de detención adicional de extranjeros criminales de alta prioridad que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos”.
“Tenemos 30 mil camas en Guantánamo para detener a los peores criminales extranjeros que amenazan al pueblo estadounidense”, dijo el presidente tras firmar la ley, que faculta a las autoridades federales para deportar a inmigrantes indocumentados que han sido acusados de delitos.
El solo hecho de mencionar a GITMO como destino de inmigrantes detenidos desató la reacción de grupos defensores de derechos humanos y, como era de esperarse, reavivó la ira del gobierno cubano sobre el uso del territorio de la Bahía de Guantánamo, ocupado por Estados Unidos desde 1898, para reubicar delincuentes y terroristas.
Estados Unidos mantiene bajo arrendamiento 117.6 km2 de las tierras de Guantánamo, pero el gobierno cubano se opone al arrendamiento y rechaza los pagos nominales por el alquiler forzado.
“En acto de brutalidad, nuevo gobierno de Estados Unidos anuncia encarcelamiento en Base Naval en Guantánamo, ubicada en territorio de Cuba ilegalmente ocupado, de miles de migrantes que expulsa forzosamente, a los que ubicará junto a las conocidas cárceles de tortura y detención ilegal”, dijo el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel luego de conocerse la noticia.
Trump dijo en la ceremonia que seguía comprometido con las deportaciones masivas, pero advirtió que no se podía contar con que algunos de individuos que estaban siendo enviados de regreso a sus países de origen se quedaran allí.
“Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan porque no queremos que regresen, así que los vamos a enviar a Guantánamo”, manifestó el presidente argumentando que Estados Unidos duplicará así su capacidad de detención.
“Guantánamo es un lugar difícil de donde salir”, enfatizó.
El presidente ha dado instrucciones al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que agilice la preparación de la cárcel de Guantánamo.
“Lo peor de lo peor podría ir allí”, dijo Tom Homan, el zar de las deportaciones en la frontera, conversando el miércoles con los periodistas. El funcionario dijo que el ICE será el encargado de administrar el centro de detención en GITMO.
Kristi Noem, secretaria del DHS, dijo que la administración buscaría financiación a través de proyectos legislativos emergentes sobre gastos que el Congreso eventualmente considerará.
No es la primera vez que la base militar estadounidense en Guantánamo es objeto de controversia y tensiones políticas, incluyo más allá del diferendo entre Washington y La Habana.
La más reciente polémica que llega hasta nuestro días se remonta a los acontecimientos del 9/11, cuando el gobierno de George W. Bush destinó al lugar a detenidos durante la guerra contra el terrorismo. Los primeros 20 detenidos llegaron allí el 11 de enero de 2002.
La cárcel todavía alberga a una treintena de detenidos, algunos de los cuales son considerados demasiado peligrosos para ser liberados, aunque no han sido sometidos a procesos judiciales.
Pero la instalación también se ha utilizado para llevar inmigrantes en el mar en una sección conocida como Centro de Operaciones Migratorias en Guantánamo.
Al producirse la crisis de los balseros de 1994, más de 30 mil cubanos y cientos de haitianos interceptados en el mar, permanecieron en los campamentos de Guantánamo durante meses.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó en 2008 que los combatientes enemigos en la guerra contra el terrorismo -detenidos sin cargos en la prisión militar de Guantánamo- tenían derecho a impugnar su detención en un tribunal federal, pero no determinó si el presidente tenía autoridad para detener a las personas.
Antes de que Trump asumiera el cargo, las administraciones de Barack Obama y Joe Biden trabajaron para reducir el número de sospechosos de terrorismo detenidos en Guantánamo.
Durante su campaña presidencial de 2016, Trump insistió en mantener abierta la cárcel de Guantánamo.
Ley emblemática para las deportaciones
La ley Laken Riley, aprobada con respaldo bipartidista, viene justamente a funcionar en este momento como escudo de la política deportaciones que impulsa el presidente Trump. La legislación lleva el nombre de una estudiante de enfermería de 22 años que fue asesinada en Georgia el pasado año por un inmigrante venezolano que se encontraba ilegalmente en Estados Unidos.
“Ella era una luz de calidez y amabilidad”, dijo Trump durante la ceremonia, flanqueado por los padres y la hermana de Riley. “Lo que está sucediendo hoy es un tremendo tributo a su hija, eso es todo lo que puedo decir… Es muy triste que tengamos que hacerlo”.
Laken Riley fue asesinada en febrero de 2024 por José Antonio Ibarra, quien fue declarado culpable en un juicio y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, el pasado noviembre.
Los registros de inmigración indican que Ibarra fue arrestado por una entrada ilegal, en septiembre de 2022 cerca de El Paso, Texas, y liberado para seguir su caso en un tribunal de inmigración. Con posterioridad fue detenido por la policía de Nueva York por poner en peligro a un menor, en agosto de 2023. Además, recibió una citación por hurto en tiendas de Georgia, en octubre de 2023.
La propuesta legislativa fue aprobada rápidamente por el Congreso, aunque algunos legisladores cuestionaron el hecho de que podría llevar a grandes redadas de personas por delitos menores como el hurto en tiendas.
Su rápida aprobación y la inmediata firma de Trump constituyen un emblema para el momento de ofensiva política que propulsa la bancada republicana.
De acuerdo con ley, los funcionarios federales tendrían que detener a cualquier inmigrante arrestado o acusado de delitos como robo o agresión a un oficial de policía, o delitos que lesionen o provoquen la muerte de una persona.
A la vez, los fiscales estatales podrían demandar al gobierno de Estados Unidos por los daños causados por decisiones federales sobre inmigración, lo que potencialmente pone a los estados conservadores en capacidad de dictar la política migratoria establecida por Washington.
Sus críticos se han cuestionado la constitucionalidad de la ley. La Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU) conmsidera que al permitir que las personas sean encarceladas obligatoriamente durante años porque en algún momento de sus vidas fueron acusadas de delitos menores no violentos.
La madre de Riley agradeció a Trump mientras contenía las lágrimas.
“[Trump] dijo que protegería nuestras fronteras y que nunca se olvidaría de Laken y no lo ha hecho”, dijo la mujer.
Varios legisladores republicanos de alto rango y la secretaria Noem asistieron a la ceremonia de firma en Washington DC, al igual que el senador demócrata por Pensilvania, John Fetterman, uno de los patrocinadores del proyecto.