Trump demandado: 22 estados retan orden presidencial contra derecho a ciudadanía por nacimiento

A menos de 24 horas de jurar como el presidente 47 de Estados Unidos y firmar decenas de órdenes ejecutivas, Donald Trump enfrenta los primeros retos legales a sus iniciativas contra la inmigración en los tribunales federales de la nación.

Los fiscales generales de 22 estados presentaron este martes una demanda para bloquear el decreto presidencial que pondría fin a una práctica migratoria centenaria de otorgar ciudadanía por derecho de nacimiento, lo que garantiza que los niños nacidos en Estados Unidos sean ciudadanos independientemente del estatus de sus padres.

Dieciocho estados y las ciudades de San Francisco y Washington DC impugnaron la orden en el Tribunal Federal de Distrito de Massachusetts, con el argumento central de que la ciudadanía por nacimiento es “automática” como lo respalda la 14ª Enmienda de la Constitución, y que ni el presidente ni el Congreso tienen la autoridad constitucional para revocarla.

Los demandantes en Massachusetts son los estados de Nueva Jersey, Massachusetts, California, Nueva York, Connecticut, Rhode Island, Michigan, Colorado, Delaware, Nevada, Hawái, Maryland, Maine, Minnesota, Nuevo México, Vermont, Wisconsin y Carolina del Norte.

Una segunda demanda correspondió a cuatro estados -Arizona, Illinois, Oregon y Washington- que presentaron su reclamo con similares argumentos en el el tribunal del Distrito Oeste de Washington.

Un grupo liderado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), en New Hampshire, y otro por Abogados por los Derechos Civiles (LCR) presentaron demandas adicionales.

La orden ejecutiva de e Trump, emitida la noche del lunes, lleva por título “Protegiendo el valor y el significado de la ciudadanía estadounidense“, y está en consonancia con una de las promesas de su campaña electoral. El documento declara que los futuros hijos de inmigrantes indocumentados ya no serán tratados como ciudadanos, pues no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos.

De hecho, la medida podría afectar también a miles de cubanos que se encuentran en Estados Unidos en un limbo legal en espera de resolver sus casos de asilo y regularizar su estatus como residentes legales, incluyendo las personas con I-220A. De acuerdo con estadísticas oficiales, Cuba es el sexto país con más nacionales sin estatus legal pero no detenidos en Estados Unidos, con 539,400, de ellos 42,084 con orden final de deportación.

La orden se extendería incluso a los hijos de algunas madres que están en el país legalmente, con carácter temporal, ya sea como estudiantes extranjeros o los turistas, como hasta ahora ha ocurrido.

Está regulado que la orden entre vigor en un plazo de 30 días, exactamente el 19 de febrero.

Pero con las baterías legales de resistencia que se han desatado no queda nada claro si la orden podrá ejecutarse en medio de lo que probablemente será una larga batalla legal sobre las políticas migratorias y el derecho constitucional a la ciudadanía.

Para poder modificar la Enmienda 14, la propuesta de la orden ejecutiva debe tener el apoyo de dos tercios de la Cámara de Representantes, dos tercios del Senado y el 75% del apoyo de los estados de la nación.

Los fiscales demócratas y los defensores de los derechos de los inmigrantes dicen que la cuestión de la ciudadanía por derecho de nacimiento es una ley establecida desde 1924, y consideran que si bien los presidentes tienen una amplia autoridad, no pueden imponer sus criterios como si fuesen reyes.

“El presidente no puede, de un plumazo, borrar de la existencia la 14ª Enmienda, punto”, dijo el fiscal general de Nueva Jersey, Matt Platkin.

La Casa Blanca dijo que está lista para enfrentar a los estados en los tribunales y calificó las demandas como “nada más que una extensión de la resistencia de la izquierda”.

“Los izquierdistas radicales pueden optar por nadar contra la corriente y rechazar la voluntad abrumadora del pueblo, o pueden sumarse y trabajar con el presidente Trump”, dijo el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Harrison Fields, en respuesta a las demandas presentadas a pocas horas de la asunción presidencial.

El fiscal general de Connecticut, William Tong, ciudadano estadounidense por derecho de nacimiento y el primer fiscal general chinoamericano electo, dijo que la demanda era algo personal para él.

“La 14ª Enmienda dice lo que significa y significa lo que dice: si naces en suelo estadounidense, eres estadounidense. Punto. Punto final”, dij Tong. “No hay un debate legal legítimo sobre esta cuestión. Pero el hecho de que Trump esté totalmente equivocado no le impedirá infligir un daño grave en este momento a familias estadounidenses como la mía”.

Se estima que de aplicarse, la orden de Trump negaría la ciudadanía a 150,000 niños recién nacidos cada año.

Estados Unidos figura entre los 30 países donde se aplica la ciudadanía por derecho de nacimiento (jus soli o “derecho del suelo”), Canadá y México entre ellos. La mayoría de los demás países otorgan la ciudadanía en función de si al menos uno de los padres (jus sanguinis o “derecho de sangre”) es ciudadano, o tienen una forma modificada de ciudadanía por derecho de nacimiento que puede restringir la ciudadanía automática a los hijos de padres que se encuentran legalmente en su territorio.

Pero en Estados Unidos no siempre fue fue así. La 14ª Enmienda no siempre garantizó la ciudadanía por derecho de nacimiento y no fue hasta 1924 que el Congreso autorizó la ciudadanía para todos los nacidos en Estados Unidos.

La cuestión de la ciudadanía por derecho de nacimiento emergió nuevamente en Arizona durante 2011, cuando los legisladores republicanos consideraron un proyecto legidslativo ley que habría desafiado la ciudadanía automática por derecho de nacimiento.

Los partidarios de la ley dijeron entonces que el objetivo no era conseguir que todos los estados del país aprobaran una ley de ese tipo, sino llevar la disputa a los tribunales. Pero el proyecto de ley nunca salió de la Legislatura.

La estrategia esgrimida por Trump como parte de su política contra la inmigración ilegal tiene como principal artífice al actual consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Stephen Miller.