EE.UU reanuda parole humanitario con mayores exigencias contra el fraude
Los nuevos requerimientos de escrutinio establecen que los patrocinadores tendrán que presentar sus huellas dactilares y podrán ser sometidos a una investigación adicional sobre sus antecedentes financieros y penales.
La administración de Joe Biden reinició este jueves el programa de parole humanitario para inmigrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV), con la implementación de estrictas medidas de control para impedir el fraude de los participantes.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la reanudación inmediata del proceso para otorgar los permisos de viaje de los seleccionados, luego de una investigación interna que mantuvo paralizado el programa desde comienzos de julio ante evidencias de irregularidades en las solicitudes de los patrocinadores económicos.
«Junto con nuestra rigurosa investigación de antecedentes de los beneficiarios potenciales que buscan viajar a Estados Unidos, los nuevos procedimientos para patrocinadores han fortalecido la integridad de estos procesos y ayudarán a proteger contra la explotación de los beneficiarios», dijo un comunicado de la agencia federal.
Los nuevos requerimientos de escrutinio implican que los patrocinadores tendrán que presentar sus huellas dactilares y podrán ser sometidos a una investigación adicional sobre sus antecedentes financieros y penales.
El DHS señaló que los “métodos de revisión reforzados” permitirá identificar a los patrocinadores que traten de presentar solicitudes múltiples.
«El DHS está comprometido a responsabilizar a los individuos que cometan fraude o intenten explotar a otros para obtener ganancias», dijo la comunicación. “Cualquier persona que cometa fraude u otros abusos será remitida a las autoridades competentes para su enjuiciamiento”.
Por el momento, los posibles beneficiarios de CHNV deben continuar monitoreando su cuenta myUSCIS para obtener información actualizada sobre las Autorizaciones Anticipadas de Viaje (ATA), según dijo un funcionario del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP).
“Las personas con un ATA válido y vigente pueden viajar”, agregó el funcionario.
La iniciativa de CHNV constituyó una de las medidas estratégicas de la administración Biden para frenar la inmigración irregular por la frontera. Se inició en octubre de 2022 para los venezolanos y para las restantes tres nacionalidades desde enero de 2023.
Desde su instauración, el programa ha otorgado más de 520 mil permisos de viaje a nacionales de los cuatro países escogidos, entre ellos 110 mil cubanos, 211 mil haitianos, 95 mil nicaragüenses y 118 mil venezolanos.
Los seleccionados mediante un sorteo diario pueden ingresar, trabajar y permanecer legalmente por dos años en Estados Unidos, siempre que sean avalados por un patrocinador económico y cumplan los requisitos básicos de admisión en el país.
Pero el procesamiento de solicitudes tuvo que ser congelado en julio. Las alarmas se dispararon con un informe interno de la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional de USCIS que reveló que los formularios de solicitud incluían números de seguro social, direcciones y números de teléfono que se usaron repetidamente, sin contrastarse la información proporcionada por los patrocinadores.
Desde el 6 de julio el programa quedó congelado para los venezolanos y desde el 18 de julio para el resto de las nacionalidades.
De acuerdo con el reporte, el programa había recibido más de 2.6 millones de solicitudes de las cuatro nacionalidades, de las cuales unas 529,000 fueron confirmadas o aprobadas, y 118,000 no confirmadas o rechazadas, posiblemente vinculadas a patrocinadores en serie.
El DHS no esclareció cuántos de los solicitantes que arribaron ya a Estados Unidos utilizaron patrocinadores en serie u otros métodos fraudulentos, pero no descartó que la investigación pueda continuar sobre las irregularidades detectadas.
El pasado marzo, una veintena de gobernadores republicanos perdieron una demanda en un tribunal federal de Victoria, Texas, que pide la eliminación del parole humanitario, argumentando afectaciones económicas severas para los territorios y vulnerabilidad del proceso, pero elevaron una apelación al Tribunal del Quinto Circuito en Nueva Orleans.
La apelación está aún pendiente de fecha. También los demandantes han pedido al juez Drew J. Tipton que reconsidere el fallo.
También el Congreso de Estados Unidos tiene bajo escrutinio el parole humanitario. El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes pidió una investigación exhaustiva de las regularidades y toda la documentación relacionada con el programa para realizar una audiencia acerca del tema.